La Justicia rechazó el pedido de Victoria Villarruel sobre el juez Lijo
La vicepresidenta Victoria Villarruel acaba de enfrentar otro toque judicial. La Cámara Federal no aceptó su pedido para apartar al juez Ariel Lijo de la causa que inició contra Lilia Lemoine y otros personajes conocidos del ámbito libertario. Según Villarruel, había “enemistad manifiesta”, una afirmación que no convenció al tribunal.
El pedido de Villarruel se sustentó en críticas que ella misma había hecho contra Lijo en el pasado, cuando el Gobierno de Javier Milei lo propuso para un puesto en la Corte Suprema en 2024. La vicepresidenta argumentó que estos antecedentes generaban un “temor de parcialidad” en la investigación en curso.
Sin embargo, el propio juez desactivó la recusación, señalando que las opiniones de Villarruel estaban dentro de su derecho a la libertad de expresión. Además, mencionó que el rechazo a su candidatura no fue una decisión personal de Villarruel, sino del Senado en su conjunto.
Esta posición fue respaldada por el presidente de la Cámara Federal, Mariano Llorens. Afirmó que los argumentos de Villarruel no tenían suficiente peso para justificar su solicitud. Según él, “los hechos mencionados carecen de entidad suficiente como para generar el efecto que la recusante pretende”.
Llorens también agregó que no se logró demostrar una “enemistad manifiesta”, concluyendo que se trataba de “meras conjeturas” sin fundamento evidente.
La causa iniciada por Victoria Villarruel
Todo este lío judicial empezó con una denuncia que Villarruel presentó contra Lilia Lemoine, el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, el periodista Javier Negre y un grupo de tuiteros libertarios. En su argumento, afirmó que estos personajes estaban orquestando una campaña en su contra con mensajes de odio.
Este nuevo revés es el segundo que recibe Villarruel en poco tiempo. Recientemente, la justicia desestimó una denuncia que ella presentó contra Luis Petri, quien la había calificado como “golpista”, así como otra acción contra los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann.
El caso sigue en manos de Lijo, quien además tiene sobre su escritorio otras causas delicadas que involucran a miembros del gobierno actual.